Durante la última década, la actividad de los laboratorios estatales creció notablemente en la Argentina, al punto de crear una red de casi 40 plantas, que abastecen al sistema público y privado de todo el país. Los medicamentos públicos fueron una alternativa a la emergencia luego de la crisis del 2001, y se fueron potenciando de la mano de sus ventajas estratégicas. En el último gobierno, dos leyes fundamentales instalaron la actividad entre las prioridades sanitarias, y prometieron sumar nuevas variantes al alentador panorama. Pero el cambio político producido el 10 de diciembre puso un freno a estas expectativas. Ahora, con el valor de los fármacos como fuente de debate, especialistas volvieron a poner la mirada en estos tratamientos, y en su futuro inmediato.

La agencia TSS convocó a tres especialistas en la materia para debatir sobre el futuro de la actividad. Guillermo Cleti, director del Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) de la provincia de Santa Fe; Martín Istúriz, doctor en Farmacia y Bioquímica, y coordinador del Grupo de Gestión de Políticas de Estado en Ciencia y Tecnología; y Claudio Capuano, director de la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Su mirada permite adivinar un poco el futuro de esta actividad, en un gobierno que no parece estar dispuesto a seguir el camino iniciado.

La producción pública de medicamentos está sufriendo las consecuencias de las medidas económicas y políticas tomadas por el Gobierno. Según sostuvo Cleti, tras ocho años consecutivos de proveer medicamentos para el programa Remediar, del Ministerio de Salud de La Nación, este año todavía no han recibido la confirmación de la compra por parte de esa cartera, a pesar de haber elevado la oferta en septiembre de 2015. “El LIF destinaba a Remediar un 25 por ciento de su producción total. El programa Remediar abastece a más de 7.000 centros de atención primaria de salud, que podrían comenzar a experimentar una escasez de medicamentos fundamentales producidos por este laboratorio, como la metformina, necesaria para personas que padecen diabetes, y el enalapril, para quienes sufren de hipertensión”, remarcó el especialista.

Este panorama planteado por los especialistas dista del entusiasmo que generó en su momento la ley 26.688, sancionada en 2011 y reglamentada en 2014, que declara a la producción pública “de interés nacional”, y de la ley 27.113, sancionada en 2014 y reglamentada en mayo de 2015, que crea la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP).

Fuente: Mirada Profesional