El Gobierno Nacional frenaría la resolución Nº 56/16, en la que se permite que las patentes obtenidas en el exterior tengan validez en el país. Se aplicará una nueva disposición que excluiría a los medicamentos de esta situación. 

Según informa el portal Pharmabaires, las versiones de una corrección por parte del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) comenzaron a circular en las últimas horas, luego de una reunión entre el titular de esa dependencia y miembros de COOPERALA, la cámara que agrupa a laboratorios pymes y cooperativos. Según este medio, la promesa desde el INPI fue que “se emitirá una nueva normativa sobre la aplicación de la resolución 56, que excluirá a los medicamentos”, por lo que se exigirá que “se realicen en el país los exámenes de fondo”. 

El 12 de septiembre, el Gobierno publicó la resolución 56/16 del INPI que establece que se podrán considerar cumplidos los requisitos de patentabilidad y otorgar una patente si una oficina extranjera concedió una patente equivalente, sin necesidad de que la oficina argentina haga su propio análisis de patentabilidad. Esto despertó la queja de la industria farmacéutica local. La promesa de rectificar la situación tranquiliza por lo menos un poco a las firmas nacionales. 

Días atrás, el diario La Nación escribió que los directivos de CILFA expresaron durante el encuentro con el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, que percibían “cierta animosidad” del gobierno hacia los laboratorios nacionales, y no solo por la Resolución 56. Otro de los temas que preocupa es la apertura a genéricos extranjeros, una medida que aseguran perjudica a los productores nacionales. Hasta el momento, existía un privilegio para los fármacos nacionales. La decisión anticipada por Damaso Pardo, titular del INPI, requiere, ahora, de la firma del ministro de Producción Francisco Cabrera, quien en reuniones con la industria, se molestó por la solicitada publicada por CILFA en respuesta a la Resolución 56 y aseguró que no apuntaba contra la industria. 

En tanto, en la comisión de Industria de la cámara de Diputados, se analiza aprobar una declaración contra la resolución 56 motorizada por su presidente, José Ignacio De Mendiguren, y a partir de dos proyectos, del FPV y de Graciela Camaño del FR.